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| Fotografía: Francesc Catalá Roca |
"Le Monde", 26. 6. 1970 y 30. 6. 1970 (París)
Madrid (Corr.). — El Cuarto Congreso Nacional de la Abogacía
Española, celebrado en León la semana pasada, se ha desarrollado en una
atmósfera apasionada. El Congreso fue inagurado por el Sr. Oriol, ministro de
Justicia. Antes de que el ministro tomase la palabra, 250 de los 800 abogados
presentes abandonaron la sala en señal de protesta, mientras que los demás
congresistas aplaudían calurosamente al Sr. Oriol gritando "Franco",
"Franco", "Franco" ... — En su discurso, el ministro de
Justicia declaró que el congreso de abogados en ningún caso debía servir de
tribuna para hacer política. Parecer que repitieron en sus intervenciones los
principales jefes de los abogados "gubernamentales", especialmente
los Sres.
López-Medel, director nacional de los Servicios Jurídicos de
la C.N.S., Salas Pombo, antiguo vicesecretario nacional del Movimiento, y
Roberto Reyes, antiguo presidente nacional de un sindicato. — Los abogados
"contestatarios" nos han declarado por su parte: "Nosotros no
hacemos política. Nosotros nos limitamos a luchar en favor de una Estado de
Derecho". Terminado el congreso, expresaron su satisfacción: "El
Congreso ha votado en favor de la supresión de los tribunales especiales así
como en favor de la amnistía para los presos políticos y de la abolición de la
pena de muerte. Es éste irrebatiblemente un resultado del que pueden estar
orgullosos los que luchan por un Estado de Derecho.
Es una victoria de los abogados que, a lo largo de la semana
pasada, se han opuesto en diversas cuestiones a los abogados ´funcionarios´ de
la Administración y de la C.N.S., inscritos masivamente como participantes del
Congreso en el último minuto. Sin embargo, no nos hacemos ningunas ilusiones.
Hace ya 16 años que se reunió el tercer congreso nacional de abogados y, no obstante,
ninguna de las conclusiones aprobadas por los congresistas y remitidas al
Gobierno ha sido tomada en consideración por este último". — Los juristas
constituyen, sin duda alguna, la profesión más politizada de España. Han
suministrado, por lo demás, lo esencial de la clase política del régimen: el
62*/t> de los ministros han cursado estudios de Derecho, el 40 °/o de los
procuradores a Cortes son abogados, porcentaje que alcanza el 61 °/o entre los
consejeros nacionales del Movimiento y el 56°/o entre los altos funcionarios de
la Administración. Numerosas personalidades de la oposición son también
juristas. Entre los más conocidos, se encuentran el conde de Motrico, los
profesores Gil Robles, Jiménez de Parga y Tierno Galván, los letrados Múgica
Herzog, Peces Barba, Pardo Reina, Mariano Robles. Soler Barbara, Antonio Rato,
Federico Carbajal, Joaquín Satústregui y Jaime Miralles. Todos ellos han tomado
la palabra en León. —
La preparación del Congreso comenzó el 16 de enero de 1969,
fecha en la que el Colegio de Abogados de Madrid celebró una importante
asamblea general extraordinaria. Ese día el profesor Ruiz Giménez, presidente
internacional de Pax Romana, consiguió en efecto que la asamblea se pronunciase
en favor de la elaboración de un estatuto de presos políticos. A partir de esa
fecha, ios abogados se dividen — en líneas generales — en tres categorías: los
fieles al régimen, los miembros de la oposición y la "mayoría
silenciosa". En el curso del año 1969, diversos Colegios de Abogados propugnaron
una amnistía para los presos políticos. La significación de las elecciones para
el Colegio de Abogados de Madrid, el 29 de diciembre de 1969, desbordó el marco
puramente profesional. El profesor Ruiz Giménez, que presentó su candidatura
para el puesto de decano del Colegio de Abogados a la cabeza de una lista de
oposición, resultó derrotado por escaso margen por el candidato gubernamental
gracias al voto masivo de los abogados "funcionarios" de la
Administración y de la C.N.S. — Finalmente, unos días antes de la apertura del
Congreso de León, los abogados han planteado un nuevo problema al Gobierno al
denunciar los abusos de los magistrados que componen el Tribunal de Orden
Público y negarse a comparecer ante este tribunal como abogados defensores. —
Entre los grandes temas que figuraban en el orden del día de este cuarto
congreso se encontraban la reforma de la Justicia y de los procedimientos, la
definición de un estatuto para los presos políticos y un proyecto de amnistía
para éstos. ¿Representaban los 800 abogados reunidos en León a los 18.000
miembros de la profesión inscritos en los registros profesionales en España? A
juagar por el escaso porcentaje de congresistas que han seguido los debates
referentes a problemas estrictamente profesionales, se puede decir que la
"mayoría silenciosa" estaba poco representada en el Congreso. — Éste
ha vivido su momento más agitado durante la discusión sobre la definición del
estatuto para presos políticos (El 1 de mayo de 1969, según las estadísticas
oficiales había en España 427 prisioneros políticos, 126 de los cuales en
prisión preventiva). Este proyecto de estatuto ha sido elaborado conjuntamente
por nueve Colegios de Abogados. En un preámbulo, los abogados explican que los
prisioneros políticos "son considerados como delincuentes, cuando en
realidad se trata de personas que no han hecho otra cosa que actuar en el
ejercicio de derechos reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre". — El Sr. Peiró — funcionario del ministerio de Justicia y
abogado de la C.N.S. — ha insistido, por su parte, en la dificultad de definir
el término de "detenido político" y ha pedido que se apliquen sin
distinción a todos los detenidos españoles las reglas mínimas aprobadas por la
ONU en 1957 acerca del trato que se debe dar a los detenidos. A esto siguieron
discusiones. El presidente de la comisión, Sr. Ángulo, presidente del Colegio
de Abogados de Granada y procurador a Cortes, decidió, a pesar cíe las
protestas, dejar votar al centenar de abogados (en su mayoría funcionarios o
empleados de la C.N.S.) que se habían inscrito demasiado tarde. De este modo la
proposición del Sr. Peiró obtuvo la mayoría. Esta victoria permitió escamotear,
más o menos, durante la sesión plenaria del Congreso todas las discusiones
sobre la naturaleza y los derechos del detenido político. — Fuera del proyecto
de estatuto del preso político, las tesis propuestas por los abogados
"contestarlos" han triunfado en su conjunto. En sus conclusiones, el
Congreso reunido en sesión plenaria ha decidido pedir al Gobierno la supresión
de las 26 jurisdicciones de excepción existentes actualmente en España, entre
las que se encuentra el Tribunal de Orden Público; la anulación de la ley sobre
el bandidaje y terrorismo que permite a los tribunales militares juzgar delitos
políticos; una amnistía general para los presos políticos; la prohibición de
ejercer la profesión de abogado cuando se desempeñen funciones en la
Administración o en la C.N;S. Los congresistas han votado también en favor del
derecho de toda persona de contar con asistencia jurídica desde el momento de
su detención y en favor de la igualdad de derechos para hombres y mujeres.—• El
Congreso ha sido menos una reunión de juristas que un congreso político. Dos
bloques bien delimitados se han enfrentado, rechazando las más de las veces
todo diálogo constructivo. Los resultados obtenidos se pueden considerar, no
obstante, como un éxito para la oposición democrática. Los abogados
"gubernamentales" reflexionarán con toda seguridad sobre el hecho de
que todos los congresistas jóvenes han votado en bloque a favor de las tesis de
"la oposición".
Le Monde
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